Organizaciones de todo el mundo se han unido recientemente en torno a la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución (CIAMS), presentada recientemente en España para luchar contra la llamada eufemísticamente “gestación subrogada” (GS). El feminismo en general y los defensores de los Derechos Humanos claman por acabar con esta práctica, que lejos de ser una técnica de reproducción asistida, “es una de las peores maneras de instrumentalización de los cuerpos femeninos, utilizados como hornos o vasijas y de traficar con bebés, es decir, seres humanos” explican.
Las parejas heterosexuales que por cualquier razón médica no pueden concebir hijos por ningún método legal, las parejas homosexuales, personas solas, o que no quieren pasar por un embarazo por razones desde psicológicas hasta estéticas o laborales, optan por esta forma de obtener un hijo, utilizando los propios óvulos y espermatozoides si es posible, e implantando el embrión en una tercera persona, una mujer.
Los aspectos legales y morales de esta práctica han quedado fuera de la publicación, puesto que la legislación Española y Europea, los muchos escándalos y las revelaciones sobre granjas de mujeres en países pobres indican lo contrario, al igual que las apariciones de hijos que ya han crecido y han llegado hasta a renunciar a sus padres compradores. Sólo nombra los países donde está regulado mediante un pago (USA) o supuestamente sin él, por altruismo (UK y Canadá) aunque este pago al final se produce a través de motivos como gastos médicos y de infraestructura que se incluyen.
En estos tres países, donde permiten la opción para extranjeros, el precio es desorbitado. Otros países no lo permiten para foráneos. Así, la mayoría de los “padres de intención” acuden a países donde es legal, se lo permiten, pero donde no son demasiado vigilantes en cuanto a las garantías de las gestadoras, a cambio de unos ingresos que éstas necesitan o no pueden obtener de otra manera. Y a nadie, de cualquiera de estas legislaciones, parece importarles los derechos de los bebés, que todos obvian.
En España y en la mayor parte de Europa, “se trata de una actividad ilegal, en contra de la dignidad y de los Derechos Humanos, absolutamente comercializada, basada en el deseo de tener hijos de personas que pueden pagan por la obtención de un ser humano, que conculca los derechos de filiación de las mujeres gestantes, generalmente pobres, y de los hijos a quienes se les niegan los derechos relativos a su origen” nos explica la co-presidenta de CIAMS, la francesa Marie Josèphe Devillers.
Desde CIAMS describen los vientres de alquiler como la sublimación del capitalismo salvaje, donde “los seres humanos son convertidos en mercancía, incluso antes de nacer. Es más, el único objetivo que tiene la existencia de esos bebés es el de dar cumplimiento a un contrato que satisfará los caprichos y deseos de personas que puedan pagarlos. Es el capricho de adquirir un ser humano a la carta”. En definitiva, para las organizaciones implicadas, la gestación por sustitución es un sistema de explotación de mujeres, niños y niñas y de violencia contra las mujeres.
Ni ciencia ni salud; contratos y comercio
En este sentido, explica con claridad que la gestación subrogada “es una práctica social y comercial, una violencia médica, no una solución; no es una práctica tecnológica en absoluto, porque no cura a los padres comitentes ni, por supuesto, a la madre subrogada”. Según describen, en todos los casos “ésta es una mujer con buena salud, con ningún deseo de tener hijos, que se someterá a fuertes tratamientos médicos, arriesgará su vida y renunciará a la mayoría de sus derechos según el contrato”.
Según esta organización, “la salud de la madre está sometida a múltiples riesgos documentados. Antes del embarazo reciben sobre-medicación (hormonas, antibióticos) para mejorar la tasa de éxito de la implantación, todo un argumento comercial para los contratantes y las clínicas. Durante el embarazo las madres se ven sometidas a prácticas intrusivas, muchas veces innecesarias, pero que gustan de disfrutar los futuros compradores del bebé (múltiples ecografías intrauterinas) y con riesgos de sufrir preeclamsia (presión arterial elevada que requiere un parto inmediato). Las modalidades de parto, como la cesárea, pueden ser decididas por los padres adquirientes”.
Además, explica Maríe Josèphe, las mujeres gestantes sufren violencia psicológica (ansiedad o depresión), violencia económica (se aprovechan de ellas por su desigualdad o pobreza, se dan casos de exigir un parto de gemelos para optimizar la inversión), violencia contractual, con contratos que permiten a los clientes la ilegalidad de solicitar y obtener información confidencial, y violencia física, al verse limitados sus movimientos, según las necesidades de la organización y los padres contratantes.
Las cifras del negocio de la gestación subrogada
Ana Trejo Pulido, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, especialista en Divulgación y Cultura Científica y creadora de “Stop Vientres de Alquiler”, organización a la que siguen más de 29.000 personas en RRSS explica que su labor es contextualizar la práctica de la gestación subrogada y “dar a conocer qué hay detrás de los lobbys implicados, porque entendemos que se conculcan derechos que no pueden debatirse, solo defenderse”. El negocio consiste en poner a disposición de terceros mujeres fuertes y jóvenes anulando sus derechos hasta obtener el producto; el bebé.
Ella explica su activismo desde su visión como madre. “Las mujeres no parimos algo, parimos a alguien, no podemos aceptar como regalo a alguien, ni podemos comprarlo, no somos materia prima para sostener ninguna industria, no somos ganado de cría para las élites. Con la reproducción asistida, las mujeres y los bebes pasan de ser personas con DDHH a ser meros objetos de transacción comercial, con contrato abusivo para desvincular a la madre del niño desde el punto de vista legal, emocional, físico y simbólico, hasta la entrega final de ese bebé como un objeto de lujo a sus compradores”.
Según nos relata, “en Ucrania nacen entre 2.000 y 2.500 niños a través de esta práctica cada año. Antes de las prohibiciones por el Covid, unas 3.000 mujeres ucranianas viajaron al extranjero para alumbrar un bebé subrogado y 30.000 viajaron para donar óvulos. En Ucrania sólo está permitida esta práctica para parejas heterosexuales, por lo que se las llevan a otros países sin legislación o con legislaciones más permisivas para que puedan tener bebés para parejas homosexuales o personas solas”.
También en Ucrania, durante los meses que hubo restricciones de viajes “se esperaba que dieran a luz 1.000 mujeres y quedaron varados al menos 1.000 bebés en Rusia, 400 en EEUU, más de 100 en Ucrania, 40 en Georgia, y esto sólo han sido los casos que han trascendido en los medios de comunicación. En época del Big Data, los Estados son incapaces de contabilizar cuántos bebés nacen de esta aberración”. Ana Trejo ha investigado cuáles son las condiciones de los contratos de gestación subrogada y especifica que “en Ucrania una mujer recibe 11.000 $ por su embarazo, más una mensualidad de unos 200 $, lo que supone tres veces el salario mínimo anual del país, que es de unos 3.000 $”.
Se trata, según “Stop vientres de alquiler” “de una industria patriarcal, machista, racista y clasista, por lo que no vamos a dejar de denunciar esta mafia que se ceba en la pobreza y en la vulnerabilidad económica, social y psicológica de las mujeres”. La organización ha cuantificado el valor de esta actividad que generó ingresos en 2018 de 6.000 millones de dólares, es decir, el presupuesto de España para dependencia en tres años.
En 2025 los responsables de este negocio esperan ganar 27.000 millones de dólares. De esta cantidad, el 64% se lo quedan las clínicas de reproducción asistida y el resto se lo reparten entre abogados y agencias. Para Trejo Pulido “estos son los tres lobbys principales de este negocio, pero también está el de los compradores que se describen como “familias diversas”. Sólo en Nigeria, esta industria de la gestación subrogada espera ganar 460 millones de dólares también en 2025, un país con 96 millones de personas pobres y la cuarta tasa de mortalidad materna más alta del mundo, por carecer de una infraestructura de salud que sí van a proporcionar las clínicas interesadas”.
Según SVA, el mercado de mujeres y bebes está liderado por “una decena de empresas, entre las españolas, el Instituto Valenciano de Infertilidad, líder en España desde los años 90 en tratamientos de reproducción asistida. En 2017, justo el año en que Ciudadanos presentó su proposición de Ley pro gestación subrogada, IVI se fusionó con la empresa norteamericana RMA y crearon IVI RMA Global, el más grande del mundo, con 65 clínicas en once países. Estuvieron presentes en países como India y Méjico, de donde se retiraron en 2018 porque sus leyes impedían la entrada de extranjeros para alquilar vientres allí”.
Las clínicas IVI fueron fundadas por Jesús Remohí, quien declaraba hace pocos años que la gestación subrogada llegaría tarde o temprano a España “pues es un debate que está en muchos foros políticos. Nuestro objetivo es dar soluciones a los pacientes con dificultades para concebir, así que debería ser legal, con una fuerte regulación sobre la madre para evitar su comercialización. Nos gustaría que la ley cambiara para ayudar a las parejas”. Para Trejo Pulido “es muy cínico que hablen de evitar la comercialización de las mujeres y de que sus intenciones no sean otras que continuar enriqueciéndose”.
Según esta activista, Antonio Requena, el director médico de IVI, recomienda abiertamente la subrogación a parejas que no han podido tener hijos con métodos legales.” La adopción ni la nombran. Y cuando contamos estos casos presionan y nos intentan silenciar incluso en los medios de comunicación más afines. Desde Stop Vientres de Alquiler nos preguntamos hasta cuándo se va a seguir facilitando que se esquilmen los derechos humanos”.
Trejo ha recogido infinidad de testimonios de mujeres que arrastradas por la pobreza aceptaron gestar para otros.
- “Como una madre ucraniana, que rogó dar a luz de manera natural, pero el médico vino de repente y le practicó una cesárea porque los clientes no querían arriesgarse a una sola muerte más de sus posibles bebés.
- Una madre norteamericana sustituta, cuenta el rechazo de su entorno familiar debido a la depresión posparto tras el embarazo pactado y le acusan de abandonar a sus otros tres hijos.
- Una madre india, que tuvo muchos problemas en el parto, le pusieron unas 20 botellas de sustancias intravenosas en dos días, y la pareja compradora se llevó al bebé mientras ella estaba inconsciente y con hemorragias. No la han llamaron para saber si estaba viva o muerta.
- Una madre nigeriana tuvo que ser madre sustituta para pagar su matrícula y la de su hijo, resultado de un embarazo de adolescente, y dice estar recogiendo los pedazos de su vida tras esa decisión.
Evolución de la gestación subrogada en España y Europa
Por todos estos datos e historias, para la CIAMS, “la maternidad subrogada es un sistema de explotación de mujeres, niños y niñas, y una de las peores formas de violencia contra las mujeres. No debería considerarse derecho reproductivo”. Sin embargo la ONU, aunque reconoce que la maternidad subrogada se equipara en todas partes con la venta de niños y niñas, sólo recomienda regularla, no abolirla. La conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) trabaja en un protocolo para regularla; la CIAMS ha propuesto que elaboren directamente un convenio internacional para abolirla. En el Parlamento Europeo el pasado año dio un paso atrás y rechazó una enmienda sobre la gestación subrogada, aunque en 2015 había adoptado una resolución condenatoria de esta práctica (resolución 32 en la que la gestación subrogada que considera claramente una afrenta a la dignidad y los DDHH).
Berta O. García, Copresidenta de la CIAMS y representante de la Red Estatal contra los Vientres de Alquiler (RECAV), hace historia sobre esta práctica y cómo ha conseguido colarse en sociedad e instituciones. “La primera vez que oí hablar de ella fue a través de los “hijos” de Michael Jackson, luego los de Elthon John, Ricky Martin, la varonesa Thyssen y yo me preguntaba ¿dónde está la madre de estos niños y niñas? ¿Quién es? La borraban; la escondían”.
En 2015 el partido UPyD presentó en el Congreso español una iniciativa para legalizar la explotación reproductiva. No lo consiguió. Ese año apareció el manifiesto “No Somos Vasijas” que sigue vigente, pues es el documento fundacional de la lucha de las mujeres en España contra este tipo de explotación. NSV se convirtió en una plataforma con grandes activistas en sus filas como Amelia Valcárcel y Ángeles Álvarez. El feminismo se puso en marcha, analizó, divulgó e informó de que la gestación subrogada no era un método para concebir; era otra cosa.
El Parlamento Europeo condena la gestación subrogada
También en 2015 el Parlamento Europeo condenó la práctica sin paliativos “por resultar contraria a la dignidad humana de la mujer, por utilizar su cuerpo como una materia prima. Debe prohibirse esta práctica que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros, en particular con las mujeres vulnerables de países en desarrollo”. Pero, en cambio, en 2016 el Consejo de Europa se expresó a favor de regular la GS en Europa y surgieron las primeras manifestaciones y recogidas de firmas en contra.
Las organizaciones LGTBI reaccionaron y comenzaron a presentar alternativas “por un modelo altruista- explica Berta- pero las altruistas tenían que ser las mujeres, claro”. Se formó también una Red de más de 50 organizaciones en contra y en 2017 el Movimiento Feminista comenzó a denunciar la celebración de la feria Subrofer en un hotel de lujo de Madrid. “Se pidió la suspensión de la feria por ser contraria a la legislación vigente y se organizaron jornadas contra la explotación reproductiva. En 2018 y 2019 Ciudadanos presentó sendas iniciativas legislativas para regular este negocio en España, que nunca fueron debatidas en el Congreso. Incluso dentro de sus filas se decía que eran inconstitucionales, porque conculcaban derechos fundamentales irrenunciables, como el derecho a la filiación, que es bidireccional, o a la integridad física y moral de la mujer” expone Berta.
Se crea la CICER
En 2018 se crea la Coalición Internacional Contra la Explotación Reproductiva (CICER), formada por múltiples organizaciones, impulsada desde Francia y presente en cuatro continentes. La coalición se mantiene, “atenta a los movimientos del lobby pro gestación subrogada que arrecia en Colombia, Argentina, Ecuador y Méjico. Impulsamos acciones y llevamos a cabo estudios, como el actual sobre la trata de mujeres con fines reproductivos”, y quieren poner fin a los intentos de La Haya de legalizar de facto esta práctica en el mundo, “incluso contradiciendo sus propios principios y convenios, como es el de la Protección de Menores en Adopción” aclara Berta.
También impulsan en la actualidad la Convención Internacional Abolicionista como alternativa de los intentos regulatorios de esta práctica, como lo fue en su día la Convención contra la Esclavitud, “y al igual que ésta fue desterrada totalmente,- insiste Berta- lo serán los vientres de alquiler. Se está haciendo llegar a todos los gobiernos para que sepan que hay alternativa. De hecho, el pasado mes de enero (2021) el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que reconoce que la explotación con fines reproductivos, así como la prostitución y la pornografía, son inaceptables y constituyen una violación de la dignidad y los Derechos Humanos; son explotación contra las mujeres”.
El coladero español; la instrucción de 2010
Tras las elecciones, en las que gana el PSOE, en 2019 se hace pública la Agenda Feminista contra los Vientres de Alquiler y la Explotación Sexual en España, con la iniciativa de “Stop vientres de alquiler”, la RECAV y “No somos vasijas”, organizaciones españolas pertenecientes a la CICER.
En 2020 PSOE y Podemos reconocen en el punto 7 de su acuerdo de Gobierno que estarían en contra de la gestación subrogada y de la explotación reproductiva femenina, “pero en todo el tiempo que llevan gobernando no han hecho nada” relata Berta, que se indigna al hablar del mayor agujero de ilegalidad en torno a este tema que hay en nuestro país “la instrucción de 2010 sigue ahí, y se puede derogar de un día para otro. No requiere acuerdo ni siquiera del consejo de Ministros, solo la voluntad de este Gobierno para evitar este coladero legal”.
La experta en legislación Núria González López, abogada y presidenta de L’ESCOLA AC, una organización activista catalana, nos explica la clave del “coladero” español. “En octubre de 2002, el diario El País publica el titular “Justicia abre la puerta a la inscripción de los hijos de “vientres de alquiler” donde se explica que la Dirección General de Registros y Notariado ha autorizado el registro de los bebés por gestación subrogada según determinados criterios. Aunque la práctica está prohibida en España, un organismo administrativo, que no legislativo, facilitaba un resquicio legal por la puerta de atrás”.
De inmediato, la Asociación Pro Vientres de Alquiler “Son nuestros hijos” celebra en sus publicaciones web la noticia con un “¡Lo hemos conseguido!”. “Y lo consiguieron ellos mediante contactos en el poder del entonces Gobierno Socialista, ayudados por figuras como el desaparecido Pedro Zerolo, en apenas una semana, sin legislación mediante y sin votación alguna. Se trata de una instrucción que lo mismo que se pone, se quita, mediante el mismo procedimiento de anulación de una multa; quien la ha puesto o un superior la puede anular. Pero no la quita nadie”, explica Nuria.
Los poderes políticos de nuestro país, de uno y otro color, no han actuado al respecto. Bien al contrario, “en el caso del escándalo de la agencia de gestación ucraniana con sede en España, BioTexcom, es el propio Gobierno Ucraniano el que insta al español a poner en manos de la Fiscalía el asunto, para que investigase a todas las personas españolas que habían ido allí a alquilar un vientre”. BioTexCom fua acusada en Ucrania de presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal. El director de la clínica, Albert Man, fue arrestado e imputado por un presunto delito de tráfico de niños y órganos, y delito fiscal”.
Ucrania, el país gestante de España
Esta abogada experta explica que, “España miró para otro lado. No investigó nada. Ucrania es el país donde más españoles van a contratar un vientre de alquiler por razones económicas; es donde sale más barato”. En 2019 el Ministerio de Justicia ya pide que se investigue a todas las agencias de vientres de alquiler, y recuerda que es una práctica prohibida en España. “Lo curioso es que de ese mismo ministerio depende la DG de Registros que aprobó la “instrucción coladero”, que no le da la gana de anular y que acabaría con esta ilegalidad en España” se indigna Nuria.
Su organización ha presentado querellas contra las agencias y los cónsules (cuyo resultados aún están esperando) que firman en el extranjero la filiación de esos bebés, para que con ese documento se puedan inscribir al llegar a España, “sin importar cómo se haya conseguido tener al bebé. Los cónsules están incurriendo en un delito de prevaricación desde 2014”.
Según la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2014, se establece claramente que los vientres de alquiler “son nulos de pleno Derecho según el artículo 221 del Código Penal, que prohíbe alterar la filiación de los hijos” y no se pueden permitir en España esos contratos “porque atentan a los derechos de las mujeres, de los niños y contra el orden público”. Pese a ello, tal y como nos explica González “las agencias, Justicia y los padres “de intención” se están pasando la sentencia del Tribunal Supremo y el Código Penal por el arco del triunfo, algo inaudito cuando está legislado, está prohibido y está penado”.
Las agencias de gestación en la ilegalidad
Y es que las agencias en España actúan a ojos vista. No están en ninguna zona oscura de internet y se publicitan, hacen negocio y operan con total impunidad. “Investigando hemos visto que están dadas de alta por actividades económicas tan variopintas como alquileres de viviendas, import-export de coches de lujo y cosas así. No por su actividad, porque ésta es ilegal. Cuentan con sólo los 3.000 € iniciales de capital y no tienen facturación, lo que supone un enorme fraude fiscal para el España. Pues ni siquiera les paran los pies por esto. Pedro Sánchez, Podemos… todos dicen que no a los vientres de alquiler, pero no hay manera de que inhabiliten la instrucción de 2010 que es una aberración jurídica” expresa Nuria.
La abogada también nos habla del papel de Nelfa, “el lobby de familias diversas más grande Europa y que más presiona, entre las que están “Son Nuestros Hijos”, “Familias Lgtbi” y otras asociaciones a favor vientres de alquiler españolas, “que con la diversidad familiar nos cuelan que haya niños comprados, al tratar de relacionar la gestación subrogada con otra manera de ser familia y no con la explotación reproductiva” aclara.
La explotación reproductiva como reto global
Liliana Forero Montoya, consultora en violencia contra las mujeres y la niñez, e integrante del equipo coordinador de la Iniciativa ProEquidad, que aglutina más de 200 organizaciones de 35 países y desde Colombia lucha “para deslegalizar la explotación sexual y por no convertirnos en el paraíso sexual de Europa, para lo que hemos hecho público el Manifiesto Latinoamericano por la abolición de la explotación reproductiva”.
Según nos indica “en Latinoamérica el lobby por la legalización de la explotación sexual y reproductiva de mujeres e incluso adolescentes comenzaron a manifestarse de manera más exacerbada debido a la crisis económica por la pandemia de COVID”. Lilian explica que los interesados en el negocio “organizan congresos para presentar propuestas legislativas para garantizar este supuesto derecho que es realmente un deseo de reproducirse.
En países como Argentina, Colombia, Ecuador o Méjico esgrimen el argumento del matrimonio igualitario y el derecho a una familia, pero en el fondo tratan de conseguir la reglamentación de un negocio, buscando hacerse con el derecho a la filiación del bebé resultante por encargo”. Hasta la actual crisis este negocio en los países LAPAM “funcionaba de manera alegal, con poca presencia o difusión, pero empieza ya a aparecer como un tema de supuesto debate”.
Se crea el Manifiesto Internacional Latinoamericano
Así, cuando en Colombia y otros países se propuso regular el Código Civil para incluir esta reglamentación, “nos unimos para luchar y denunciar, juntamos unas 100 primeras organizaciones para construir un Manifiesto Internacional Latinoamericano, expresamos preocupaciones y las realidades en contra el bulo de que esto es un método de reproducción asistida y de modalidades altruistas; sólo esperan que sea la mujer la que no reciba dinero, cuando abogados y clínicas sí que se enriquecen. También dejamos claro que la gestación subrogada no existe, porque la gestación es una función fisiológica que no se puede subrogar, que es propia de uno. Son eufemismos que intentan vendernos, son un progresismo falso” aclara Liliana.
Esta experta colombiana confirma que en los países de su entorno “hay acuerdo y consenso en evitar cualquier norma que permita la feminización de la pobreza con este negocio global; esto es explotación y no se puede vender como un derecho de parejas que no pueden ser padres. Los Estados deben responder para impedir que los supuestos padres obtengan la custodia de bebés fruto de la explotación. Queremos detener esta instrumentalización de las mujeres, niños y niñas, que dejen de ser tratados como mercancía, y no como personas”. La recogida de firmas ya alcanza la de 1.400 activistas y se mantiene abierta hasta este mes de marzo de 2021.
La agenda queer también quiere comprar hijos
Durante la presentación de la CIAMS, la filósofa y profesora de la UNED Alicia Miyares quiso lanzar una alerta feminista internacional contra una agenda, la queer, muy relacionada con los vientres de alquiler, que según explicó “defiende la prostitución como trabajo sexual, tiene una posición favorable a la pornografía, a los vientres de alquiler y a la autodeterminación de género. Dicen que el sexo biológico es irrelevante. O lo niega. Y que los deseos están por encima de los derechos, incluso los consolidados de las mujeres tras siglos de esfuerzo”.
Para Miyares, estas personas “están encantadas con la práctica del alquiler de vientres, con la que se cuestiona que la madre que pare sea la madre biológica. Para ellos, el embarazo y el parto deja de ser un proceso biológico y se considera un proceso fabril. Y a las mujeres, un artefacto reproductivo que produce un bien para transicionar con él”. Según esta activista histórica, con estas nuevas teorías “el cuerpo de las mujeres se convierte en el gran campo de batalla, para ser explotado y para cuestionar qué es ser una mujer.
En el caso de los vientres de alquiler se establece un contrato en el que la única claúsula importante es que la mujer que da a luz renuncia a la filiación. Si se dice que el sexo biológico es irrelevante, estás negando la categoría por la cual todas las mujeres hemos defendido todos los derechos de igualdad” y finaliza su intervención afirmando su máxima: “no somos vasijas, no somos género sentido; somo mujeres feministas”.
Nuevos términos para disfrazar la realidad
Ángeles Álvarez es consultora de políticas públicas de Igualdad, histórica feminista y diputada del PSOE en la X y XII Legislatura. Como integrante de «No Somos Vasijas» y la RECAV, denuncia que hasta el lenguaje trata de disfrazar la cruda realidad. “Han hecho aparecer nuevos conceptos y terminología y a través del lenguaje crean una nueva realidad que llega ser legal. Es el caso del término padres intencionales (que prima la intención al derecho que da el embarazo y el parto) y otras expresiones eufemísticas; cuerpos gestantes, gestación subrogada… de forma que desaparecen palabras como embarazo, o madre”.
En España no había datos sobre número de ciudadanos que viajan para explotar a ciudadanas de otros países, no hay manera de acceder a ellos. Ángeles ha conseguido saber mediante petición al Congreso y a los cónsules que entre 2010 y 2016, 553 niños y niñas llegaron desde USA, 231 de Ucrania, 97 de India, 27 de Thailandia y 4 de Canadá, UK, Rusia o Grecia. En 2017 sólo en Ucrania se registraron 212 más. Por la vía de documentos administrativos de gestión se vulnera la legislación sin que esto pase por el congreso de los diputados, es decir, en detrimento de la democracia.
Producto del sistema patriarcal
Para ella el alquiler de mujeres con fines reproductivos está en el catálogo de beneficios que el sistema patriarcal, “que tiene que garantizar al conjunto de los varones el acceso a la titularidad de derechos de filiación, al placer sexual y a un sistema que permite los cuidados personales y de la prole. Mientras en el caso de la prostitución el sistema hace un reparto de las mujeres, una para cada uno y unas cuantas para todos, ahora quieren la titularidad de derechos de filiación, sobre los hijos que sean, aunque no sean suyos o estén solos; utilizando el cuerpo de las mujeres, puedan acceder a uno”.
Álvarez asegura que “esto va en contra de ellos. Lo que sucede en el útero materno es más importante que lo que sucede en la casa tras nacer. En genética es muy importante la comunicación entre gestante y embrión y da lugar a modificaciones en el genoma. Los varones sólo participan en la concepción no en el resto de acciones imprescindibles para que se produzca la vida. Y tratan de suplir esto en un registro”.
