La fiscalía a revisión

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Sánchez quiere modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con ella la función de la Fiscalía, para que sean los fiscales los instructores, los que investiguen y recaben las pruebas contra los acusados en los procedimientos penales.

Mal momento es éste para esta modificación, cuando la Fiscal General del Reino es la escudera protectora judicial de Sánchez y de todos los ministros, contra posibles responsabilidades penales y “procuradora” de tratar de que el “jefe”, Sánchez siga en el poder todo el tiempo posible.

En todo caso, sabida y conocida es, entre los que viven la práctica de tribunales (la práctica forense), la muy común y por lo general, compenetración, afinidad y   entendimiento entre Jueces y Fiscales, hasta el punto de que un abogado “respira” con más desahogo cuando sabe que la línea del Fiscal va a su favor, sea el Abogado de la acusación particular o de la defensa. Es excesivamente frecuente que la calificación e informe del Fiscal sea asumido por los Jueces debido a esa compenetración y afinidad a la que antes aludo. Lo que ocurre es que el Fiscal, que  estatutariamente tiene como función solicitar que se cumpla la Ley , no deja de ser, en esa función,  “una parte” más del procedimiento. Aunque lo cierto es que lo es  “muy teóricamente”, porque en la práctica, no lo es.

Con lo anterior, es evidente que ya, en la actualidad, el Fiscal tiene mucho poder en el procedimiento judicial en comparación con las otras partes del mismo, como son  Acusación Particular y Defensa, cuyo poder está muy disminuido, hasta en el trato personal que reciben,  uno y otros,  de los Tribunales, cuando este trato debería ser el mismo.

Establecido esto, resulta que los fiscales reclaman que la futura ley de Enjuiciamiento Criminal incluya más poder todavía en su favor.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene como objetivo principal que sea el Fiscal el que instruya, y recopile pruebas contra los “presuntos” autores de un delito y que el Juez lo sea, de Garantías, ante las pretensiones de las partes, con el ánimo de preservar la “presunción de inocencia“ y la objetividad y justicia del procedimiento contra el investigado.

Los Fiscales en la “persecución de la verdad”, ven favorable que sea el mismo órgano que hace el acopio de las pruebas el que formule la acusación, la absolución, el archivo o sobreseimiento del procedimiento, pues cualquiera de esas peticiones puede formular el Fiscal y no sólo la de acusación, pero rechazan,  un control “excesivo”  del Juez de Garantías, manifestando que no es razonable que unas pruebas solicitadas por un Fiscal sean negadas por “otro compañero”, amparándose en que “la mayoría de los Fiscales” son independientes y “la mayoría” trabajan con absoluta objetividad.

Los Fiscales viven en un mundo “idílico” que es inexistente. Ni los Jueces ni los Fiscales son independientes, ni son objetivos por su propia naturaleza humana y los mejores hacen lo que pueden.

¿Otro “compañero”? Ambos salen de la Escuela Judicial (error que debería corregirse en aras de una justicia imparcial para todas las partes), pero, se supone, que son cuerpos profesionales distintos, por lo que “ese compañerismo” no debiera existir, más allá de que ambos están en la práctica de Tribunales, del mismo modo que los Abogados. Pero en la práctica no es así. De ahí viene lo de “compañeros”. Igual están en un sitio que en otro de los estrados. Están “mezclados” y eso comporta una irregularidad muy importante.

A su vez, los Fiscales al solicitar “manos libres”  para instruir, parecen no reparar en que en el procedimiento existen dos o muchas más partes procesales que pueden oponerse a sus solicitudes, “por muy independientes y objetivos” que consigan ser. Y no pueden olvidar que el procedimiento está presidido por el “principio contradictorio” y que su palabra, por mucho que lo pretendan, puede no ser definitiva ni tan “objetiva” y para ello la modificación de la Ley prevé al Juez de Garantías.

Al instructor del procedimiento la Ley no le puede dar “vía libre“ a todas sus apreciaciones y requerimientos, sin control y sin recursos, porque los Fiscales también pretenden suprimir los recursos contra sus requerimientos o peticiones  “y que se solventen las responsabilidades a que hubiere lugar”. Eso es absoluta indefensión de las Acusaciones y Defensas y esa “coletilla” está vacía de contenido.

La indefensión de las partes hecha Ley.

Los Abogados de la Acusación Particular y Defensa están ya muy maltratados de palabra y falta de respeto y consideración por la gran mayoría de Jueces, pero ya sería excesivo poner “negro sobre blanco” que Juez y Fiscal “se lo guisan y se lo comen ellos solos“.

En otro orden de cosas, es muy importante que la Fiscalía aproveche la proyectada modificación de la Ley de Procedimiento, para corregir el abuso manifiesto que significa y comporta que el Fiscal General del Reino sea nombrado por el Presidente del Gobierno, a pesar de los demás trámites parlamentarios e informes “no vinculantes “, que son puro maquillaje de un acto de abuso de poder.

Son los Fiscales quienes deberían ser los competentes para formular este nombramiento. Se trata de nombrar al más capacitado y preparado, en todos los sentidos, no solo el profesional, y prever procedimientos de destitución rápidos, cuando los motivos así lo requieran.

La ciudadanía no quiere Jueces ni Fiscales obedientes, ni sumisos a ninguna autoridad, no quiere Jueces ni Fiscales “activistas políticos”, ni “estrellas”, quiere Jueces y Fiscales, no “tan compañeros“. Quiere ver en ellos la máxima garantía posible de objetividad.

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