El Derecho, de no ser una ciencia exacta por estar sometido a interpretaciones, la sociedad va a tener que convertirla en una ciencia en la que no tenga cabida interpretación judicial alguna.
Es una inseguridad judicial la dependencia de un juzgado o tribunal para que pueda recaer una sentencia u otra, una resolución u otra.
A la vista del estado actual de las cosas y ya desde hace muchísimos años, viene siendo evidente y se confirma con frecuencia que a un juez no se le puede dejar interpretar, porque a pesar de lo que reitere la “corrección política“ , el juez no es independiente por su propia naturaleza humana y, en el mejor de los casos, se esfuerza por hacer “apaños” judiciales lo más cercanos a la idea abstracta de justicia.
Si a esto se le une que España tiene, en una gran cantidad, legisladores muy malos, el resultado es el que es, y que solo sale a la “luz pública“ en casos de alarma social.
No se trata de ser un “garantista” y llevarlo a “gala” entre muchos legisladores, complejo que lleva a estos legisladores a extremos alarmantes para una sociedad que necesita defenderse de quienes la atacan y agreden. Se trata de que el juez o magistrado, a pesar de su falta de independencia, porque no es “toda pureza” a la hora de resolver y sentenciar, no tenga la necesidad de interpretar porque en esa interpretación puede incluir los prejuicios, complejos y demás condicionantes que dominan su personalidad.
Europa se pregunta ¡¡¡cuándo España dejará de ser machista!!!
No se trata solo de modificar el Código Penal, (que para que los legisladores y gobernantes sean conscientes de esta necesidad ha tenido que ocurrir lo que ha ocurrido, ¡vaya reflejos con la percepción de las necesidades de la ciudadanía!), se trata de que haya legisladores que, además de ser incluidos en una lista electoral, sepan a lo que van y superen previamente un examen psicotécnico psico-analista en el que se descubra y se conozca su verdadera personalidad. El mero hecho de ser incluidos en una lista electoral no les capacita para ser legisladores.
D. Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, junto a otros más jueces y magistrados, se alarma ante las críticas de la sociedad a la Sentencia recaída en el caso popularmente conocido de “la manada”. De lo que los jueces y magistrados, desde su atalaya, no han sido nunca conscientes, es de que sus resoluciones hay que acatarlas y cumplirlas, pero son absolutamente criticables, al igual que lo son ellos mismos en su función jurisdiccional. No son “intocables” y deberían poder ser inhabilitados de forma muchísimo más ágil, si no fuera por su “corporativismo”.
Estas críticas no comprometen la justicia, como sostiene el Sr. Lesmes, sino que lo que compromete la credibilidad en la justicia son algunas interpretaciones judiciales que en sí mismas podrían caer en el terreno de la barbaridad.
D. Luis Enrique García, de la Asociación Francisco de Vitoria, manifiesta que la alternativa a ellos “solo está en los autos de fe y los juicios populares” : ¡¡ No es eso, no es eso!!. Esa manifestación, cuando menos, está fuera de lugar.
La alternativa está en una mejor preparación de Jueces y Magistrados y en que los aspirantes a la judicatura y posteriormente en exámenes periódicos, superen pruebas psicotécnicas y psicoanalíticas que demuestren que están libres de prejuicios, complejos y otras alteraciones que puedan influir en sus resoluciones y así declararles capaces de ejercer las funciones de juzgador, aparte de la memorización de los correspondientes temas de la oposición. La superación memorística de los temas de la oposición, por sí sola, no indica la idoneidad del opositor para ser juez.
La judicatura no puede pretender “blindarse” contra la crítica de la ciudadanía, por sus resoluciones, porque esa ciudadanía tiene derecho a la crítica de sus sentencias y espera poder confiar sus derechos en esa judicatura que, en muchas ocasiones, interpreta la ley como la interpreta.