La calumnia es la imputación falsa de un delito. La calumnia está en nuestro Código Penal y lleva aparejada una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses. Es decir, es una conducta reprochable social y penalmente y su comisión conlleva privación de libertad; esto no puede quedar solo en literatura, en tecnicismo jurídico.
Existe un penoso, vergonzoso, principio entre los grupos políticos y medios de comunicación afines a unos y otros, que es el de “calumnia que algo queda“ y ese principio se ha ido extendiendo de forma antisocial y antijurídica ante cualquier noticia, titular de prensa o televisivo de conducta presumiblemente irregular de cualquier político o persona llamativa de cualquier sector social.
Una noticia de estas características es filtrada oportunamente a los medios de comunicación y, posiblemente, con la connivencia de Juzgados, Tribunales o Fiscalía, para ocasionar el daño necesario en ese momento a esa persona o entidad, en favor de un grupo político o social, por intereses determinados.
La popularmente conocida “pena del telediario”, es el reproche prematuro de esa parte de la sociedad, política o no política, podrida en sus intereses y ambiciones. Esa prematura condena, se ha ido extendiendo e implantando por los grupos políticos y medios afines, sin que la Fiscalía, ni la Judicatura hayan movido un dedo por denunciarlo y perseguirlo.
El poder, en ocasiones, es una droga de tal magnitud, que para su conquista se utilizan medios despreciables sin reparar en su ilicitud, porque ese medio ilícito no tiene condena.
El camino al poder es maquiavélico, está enfermo y el que lo recorre no tiene en cuenta ni los valores, ni los problemas, ni los dramas de esa sociedad a la que pretende gobernar, solo la ambición y el beneficio propio existen en su camino.
Con esa pena avanzada prematuramente por el titular del medio de comunicación, el honor y la dignidad de la víctima, finalmente absuelta, nunca queda restablecida, porque ese restablecimiento “ya no interesa, y ya no vende”. La calumnia no se persigue.
Es “presunción de culpabilidad” la que esos grupos políticos y medios afines exigen, con “lapidaciones” en la vía pública. Ese es el “estado de derecho” que piden esos grupos y medios afines para sus contrarios u oponentes y ese “estado de derecho” va minando a gran parte de la sociedad.
Esa es la “civilización” en la que la sociedad española vive y se desarrolla. Es el principio de “presunción de culpabilidad” el que explotan los grupos políticos a través de los medios de comunicación afines y no les importa la verdad, sino la repercusión social y política del titular, aunque no esté juzgado. La calumnia se promociona y no se persigue.
No es cuestión de dar ejemplos porque los hay en todos los bandos políticos que han gobernado España y en los más variados sectores sociales, pero todos ellos merecen el mismo trato, la conocida “misma vara de medir”.
Los grupos políticos en sus estatutos tienen establecidas reglas de conducta para determinados comportamientos, pero no las cumplen y, en su caso, las amoldan y adaptan en cada situación a sus propios intereses.
Esta es la “limpieza” política y social en la que se desarrolla, o retrocede, la sociedad española.