Nueva vuelta de tuerca a las pensiones

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Nueva vuelta de tuerca a las pensiones: incentivos para retrasar la jubilación y mayor penalización por prejubilarse

El Gobierno acaba de presentar en la Comisión del Pacto de Toledo lo que sería la nueva reforma de las pensiones, pendiente de negociar con los agentes sociales: incentivar el retraso de la edad de jubilación, penalizar las jubilaciones anticipadas, revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior y nuevos tramos de cotización para los autónomos serían sus líneas principales.

Los ingresos de la Seguridad Social no son suficientes desde hace mucho tiempo. El déficit del sistema público es mayor mes a mes y nuevamente se busca una salida para “salvar” las pensiones públicas. Para evitar mayores gastos, los cálculos de los expertos del ministerio que dirige José Luis Escrivá se dirigen al final de la vida laboral de los trabajadores.

Para que se retrase lo máximo posible, el Gobierno está estudiando un incentivo más eficaz que el existente hasta ahora, y a falta de acordarlo con los agentes sociales, la propuesta puesta sobre la mesa defiende la creación de una paga única, una especie de cheque, que se daría al trabajador que retrase más allá de los 66,6 años la edad de jubilación.

La condición para cobrar esa paga sería que lleven cotizados, por lo menos, 44 años y medio y que se superen esos 66,6 años en que quedará establecida la edad de jubilación en 2027. De cumplirse estos criterios, el futuro pensionista recibirá un máximo de 12.060 euros por cada año que retrase la edad de jubilación. Esa cantidad sería en el tramo máximo de pensión, ya que los técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calculan que esa paga única por año alcanzaría una media de 7.000 euros.

Esta es una de las medidas más llamativas explicadas por el ministro José Luis Escrivá en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo dentro de lo que sería la primera fase de la reforma de las pensiones que el Gobierno pretende enviar a Bruselas, una vez negociados todos sus aspectos con las organizaciones empresariales y sindicales.

La otra medida más significativa, según el borrador del Gobierno, sería elevar los conocidos como “coeficientes reductores” con los que se penaliza al trabajador que se jubile antes de la edad legal, las denominadas prejubilaciones, sobre todo a los trabajadores a los que les correspondería las pensiones máximas, actualmente situada en los 3.567 euros mensuales en 14 pagas.

La razón de esta penalización se encuentra, según ha explicado Escrivá, en que el sistema es regresivo y favorece a las rentas más altas tal y como está ahora. Con el nuevo sistema reductor, se recortaría hasta en un 17% la cuantía de la pensión de las rentas altas, que en la actualidad -explicó Escrivá- no afecta prácticamente a la pensión por la “inoperancia de los coeficientes reductores”.

De ponerse en marcha las nuevas fórmulas, se mejoraría la equidad y, al mismo tiempo, se incentivaría la permanencia en el trabajo. Todo se basa en un sistema con penalizaciones decrecientes mensualmente, y no trimestralmente como se calcula ahora. También estos cálculos se realizarían sobre la cuantía de la pensión.

En todo caso, el ministro aclaró que esta elevación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria se realizará de forma progresiva a lo largo de seis años, a fin de no perjudicar a quienes están en estos momentos en los últimos momentos de su vida laboral.

La propuesta del Gobierno también tiene en cuenta a aquellos trabajadores en paro, a los cuales se aplicarán coeficientes reductores por causa no imputable al trabajador para los supuestos en los que el trabajador se jubila anticipadamente y está percibiendo el subsidio de desempleo con un mínimo de tres meses.

Y para los trabajadores que se prejubilen anticipadamente de forma forzosa, tendrán coeficientes reductores mensuales, pero de menor porcentaje y con un mejor tratamiento en el caso de las carreras de cotización más largas.

Por último, la futura reforma del sistema de pensiones también afecta a la jubilación parcial, existente en la actualidad, pero de escaso uso. El Gobierno pretende flexibilizar su uso, corregir su abuso, o acumulando el 60% de la jornada al inicio de la misma en actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular al inicio de esta prestación.

Sobre las cláusulas de jubilación forzosa establecidas por convenio colectivo, el planteamiento pasa por «proponer un modelo parecido al francés, que no aplica las cláusulas hasta los 68 años, con políticas activas para incentivar la permanencia». No obstante, para las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios colectivos bajo la normativa actual, se pondría en marcha después de la finalización del convenio y existiría un periodo transitorio.

Casos prácticos de retraso de la edad de jubilación

Durante su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo, el ministro planteó algunos ejemplos para conocer sus efectos en los trabajadores que decidan seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación. Así, concretó que los ingresos de un jubilado al que le correspondería una pensión anual de 15.000 euros se verían incrementados hasta los 21.285 euros en el primer año de demora de la jubilación y hasta los 27.570 euros en el segundo año, a razón de 6.285 euros por cada ejercicio de permanencia en el mercado laboral, cifra que subiría a 6.912 euros en los casos de carreras de cotización más largas. Más ejemplos: para una pensión de 9.569 euros, ese pago único sería de 4.786 euros y de 5.265 con más de 44,5 años cotizados, mientras que en una pensión de 20.000 euros, el cheque sería de 7.482 y 8.230 euros, respectivamente.

Pero también se deja abierta la posibilidad de transformar este incentivo de paga única por incrementos del 4% de la base reguladora de la pensión por cada uno de los años que se retrase la jubilación. En estos momentos, este incentivo es el que existe y se encuentra entre el 2% y el 4%.

Otra tercera posibilidad queda abierta a la negociación, que consistiría en combinar las dos primeras. Esto es, una parte (como, por ejemplo, el 50%) se cobraría en una paga única y el resto incrementando la pensión.

Revalorización con el IPC

En cuanto a la revalorización de las pensiones cada año, el Gobierno opta con su propuesta en actualizarlas de acuerdo en el IPC que registre el año anterior. Escrivá ha descartado que en caso de una inflación negativa se vayan a recortar las pensiones: “quedarían inalteradas” en ese caso. No obstante, la cuantía de las pensiones de los tres años posteriores a un IPC negativo compensaría esa diferencia. Únicamente las pensiones mínimas quedarían liberadas de esa compensación.

Por último, la reforma del sistema público de las pensiones también incluye cambios en el sistema de los trabajadores autónomos, para los que se está negociando establecer 13 tramos de cotización con el objetivo de adaptar el sistema de recaudación al mayor número de situaciones de este tipo de trabajadores. La propuesta tiene como objetivo dar flexibilidad a un mecanismo ahora demasiado enconsertado, ofreciendo al autónomo la posibilidad de elegir la cotización cada año en función de los ingresos que espera obtener y dándole la posibilidad de modificarla varias veces al año según los ingresos reales que consiga.

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