Las pensiones, como el mercado laboral, están en continua reforma. No hay partido que llegue al Gobierno que no introduzca cambios. La razón es que el gasto es cada vez mayor, pero también que la UE, el FMI y la OCDE reclaman a España cambios para hacer el sistema sostenible y viable.
Con cerca de 9 millones de pensiones y una nómina mensual que este enero por primera vez superó los 10.000 millones de euros, hay que buscar soluciones. Sobre todo, porque los ingresos siguen descendiendo por la actual crisis económica y un paro contenido a base de ERTE que, aún así, no es capaz de ocultar que el 40% de los jóvenes están en paro; y por el envejecimiento imparable de la población, con cada vez menores nacimientos, junta a la llegada del “baby boom” de los años 70 del pasado siglo a la edad de jubilación.
Para hacernos acreedores de las ayudas europeas, el Gobierno español acaba de enviar a Bruselas las medidas que tiene previsto adoptar para nuestra recuperación económica, entre las que se encuentra -una vez más por exigencia de nuestros socios comunitarios- la reforma de las pensiones, dentro de su ‘Plan de recuperación, transformación y resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de pensiones’. De momento, es el enunciado que pondrá sobre la mesa de negociación con los agentes sociales y, si hay acuerdo con empresarios y sindicatos, luego deberá buscar el apoyo de los partidos políticos.
La propuesta de reforma enviada a Bruselas sólo aporta soluciones cortoplacistas. A quienes ya la cobran se les garantizan que continuarán recibiéndola, garantizándoles además que cada año mantendrán su poder adquisitivo. A quienes están cerca de jubilarse se les exigirán nuevos requisitos, y para los jóvenes de ahora sólo les ofrece el compromiso de que se reformará el sistema para que sea también viable a largo plazo.
El documento del Ejecutivo español incluye hasta nueve cambios significativos, todos ellos destinados -según se explica- a “asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su papel en la protección frente a la pobreza y garantizando la equidad intergeneracional, apoyándose en el amplio consenso parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones del Pacto de Toledo«.
Los cambios propuestos
El primero de los cambios se refiere a la recurrente (en todas las reformas anteriores también se propuso) separación de las fuentes de financiación. Pese a que esta separación se ha ratificado en las anteriores reformas, lo cierto es que el sistema público de pensiones todavía paga alrededor de 20.000 millones de euros de prestaciones no contributivas (esto es, los beneficiarios de las mismas no han cumplido los requisitos exigidos, pero aún así el Estado les reconoce unas ayudas mínimas que son abonadas con cotizaciones sociales de la Seguridad Social). De esta forma, se intentará eliminar las actuales distorsiones del gasto en pensiones.
En segundo lugar, nuevamente se aborda el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, derogándose el “creativo” Índice de Revalorización de Pensiones creado en la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. El Pacto de Toledo recomienda que las pensiones se revaloricen en función de la inflación registrada en noviembre del año anterior. La propuesta del Gobierno de Sánchez añade a esa referencia que en ningún caso se deduzca de las pensiones el valor alcanzado cuando, por ejemplo, el IPC sea negativo (como ha ocurrido en 2020).
El tercero de los cambios se refiere a la edad efectiva de jubilación. Por ley, en 2027 los trabajadores deberán jubilarse a los 67 años. Con la reforma que se quiere introducir, quienes quieran adelantar esa edad tendrán que afrontar coeficientes reductores más duros, además de exigir más a las empresas que recurran a las jubilaciones anticipadas de sus trabajadores. En las negociaciones se deberá decidir cuándo por cuánto.
Carrera de cotización
El cuarto se refiere a la carrera de cotización. Se trata de un debate permanente abierto siempre que se reforma el sistema. El Ejecutivo es partidario de ampliar y “adecuar” lo cotizado a la pensión que se percibe. Para ello se debe calcular sobre la base reguladora de la pensión de jubilación. El documento del Gobierno incluye que el que se vaya a jubilar elija los años cotizados que más le interesan en esa base reguladora de manera progresiva, además de revisar el mecanismo de integración en caso de que existan lagunas de cotización. En todo caso, el Gobierno ha renunciado a elevar a 35 años los años computados para calcular la pensión.
El objetivo es aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema público para que la pensión de jubilación refleje de forma más real la vida laboral que se ha tenido. Y que las interrupciones de la misma sean cada vez más excepcionales.
El quinto cambio se centra en sustituir el factor de sostenibilidad creado en la anterior reforma por un mecanismo de equidad intergeneracional. En 2013 se quiso incluir la evolución de la esperanza de vida tendría su efecto en el ajuste sobre la cuantía de la pensión al jubilarse. Lo que se pretende ahora es hacer una revisión periódica de los parámetros fundamentales en función de la evolución demográfica y la ratio entre la población ocupada y la población pensionista.
Autónomos
Por lo que respecta a la jubilación de los autónomos, la reforma pretende que los trabajadores autónomos coticen en función de sus ingresos reales, que no sea el trabajador el que elija a criterio discrecional si cotiza por la base reguladora mínima o la máxima.
Para ello, se aplicaría de forma gradual un nuevo sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada por el trabajador. El objetivo de este cambio sería corregir las distorsiones que genera la posibilidad de elegir la base de cotización, lo que supone un recorte en los recursos del sistema y un nivel bajo de acción protectora para los autónomos.
Pensión complementaria para madres
Otro cambio, el séptimo, aprobado este martes en Consejo de Ministros, es el complemento de maternidad de las pensiones, como adelantó la pasada semana El Ejemplar en el artículo “El Gobierno prepara una pensión complementaria para las madres trabajadoras”. y concluye con este artículo exclusivo «Las madres trabajadoras tendrán 387 euros más por hijo en la pensión al jubilarse«. Con esta medida se pretende cerrar la brecha de género en pensiones del sistema. Este complemento se aplicaría tras analizar las trayectorias de cotización para identificar cuál de los dos progenitores se vio más perjudicado en su carrera contributiva por el nacimiento de cada hijo, y, si no existe un progenitor perjudicado, se reconozca el complemento a la madre.
Sistemas complementarios de pensiones. En el documento del Gobierno destaca su marcado carácter individual hasta ahora, mientras que los de empresa no han tenido mucho éxito, además de su escaso impacto macroeconómico en la incentivación del ahorro a largo plazo. En definitiva, tienen un “alto coste fiscal con resultados agresivos”. Vistos estos resultados, el cambio que se pretende introducir es un nuevo marco regulador del sistema de pensiones complementarias a fin de relanzar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, sobre todo sectorial. Para ello, se crearía un fondo de promoción pública de libre adscripción con el que dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas, o trabajadores autónomos, o integrar planes de pensiones de empleo que así lo decidan.
Por último, se negociará sobre la base máxima de cotización del sistema. La idea es adecuar de forma gradual las bases de cotización máxima que deberá ser acorde con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema. En la actualidad, existe un tope máximo de cotización, aunque el trabajador gane más de ese tope, el trabajador no paga más. Con la reforma se pretende eliminar ese tope. Y en cuanto a la pensión resultante también se cambiaría el tope de pensión máxima para no romper la relación entre lo que se cotiza y lo que se cobra como pensión. Esto ocurre en la actualidad, el que cotiza por el tope máximo no recibe la jubilación que le correspondería, la pensión siempre es inferior, aunque sea la máxima.