Las nuevas medidas contra el precio de la luz

precio de la luz

El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado nuevas políticas para evitar oscilaciones en el precio de la luz. Con el objetivo de garantizar el consumo de electricidad, de forma constante, a todas las familias.

En la Comisión de Sanidad y Consumo, el Ministro de Consumo, Alberto Garzón explicó que se van a llevar a cabo una serie de medidas que afectan, de forma total, a las subida y especulación del precio de luz.

El Ministro Garzón es claro resaltando que todo individuo tiene que tener garantizado el suministro de electricidad. El Gobierno pretende instaurar reformas basadas en la difusión de campañas de información para facilitar la comprensión de la factura de la luz a los usuarios. Pero, ¿cómo lo van a hacer?

Para ello promover las energías renovables es fundamental, “para ganar soberanía energética y así no depender de los mercados internacionales», explica el Ministro Garzón. Al hablar de combustibles fósiles, se depende de capitales extranjeros, los que llevan consigo una estrategia para beneficiarse. Esta dependencia hace que estemos sometidos al capital antes que a los derechos fundamentales, por eso, remarca Garzón, la importancia de nacionalizar o crear una empresa energética. 

Pero estas medidas no son fáciles de llevar a cabo. Para reformar el sistema heredado se requiere de voluntad política y tiempo.

Propuestas complementadas en el acuerdo de Gobierno de coalición

Otras de las medidas que se van a implementar son aquellas referidas a la fiscalidad de los “beneficios caídos del cielo”. Son los que obedecen a la singularidad de cómo se determinan los precios en el mercado mayorista.

También, algo que se ha dicho en más de una ocasión, y que favorece al individuo y lo protege, es la reforma profunda del bono eléctrico y la incorporación del bono gasístico. Instrumentos que van a garantizar que toda población que necesita hacer uso de unos servicios fundamentales para la vida pueda hacerlo con independencia de su situación económica.

Por último, la figura de la persona consumidora vulnerable. Las comunidades autónomas y otras administraciones públicas ofrecerán la posibilidad de establecer normas específicas, dirigidas a proteger a los colectivos más vulnerables. Colectivos vulnerables no solo por su renta, sino como, por ejemplo, aquellas personas de edad avanzada que tienen dificultad para entender el mundo digital y, con ello, los contratos comerciales.

El pasado que pagamos todos

En 1997 se aprobó la posibilidad de establecer ciertos recargos en la factura obedeciendo a diferentes criterios, algunos de ellos para poder financiar la moratoria de las nucleares. Recargos que se van incorporando de forma sigilosa en la factura, haciendo más confusa la capacidad del usuario de entender el precio final. Esos recargos que encontramos en la factura final obedecen al objetivo político y técnico de sufragar los costes que conlleva esa red de logística. Por ello, el Gobierno pretende incorporar reformas encaminadas a la fácil lectura de las facturas.

También, ser capaces de perseguir la publicidad engañosa. Publicidad que puebla en la comercialización y afecta al precio final. Al final el consumidor no sabe lo que compra. Por ello la necesidad de facilitar la atención al cliente. Garantizando servicios de atención al cliente eficaces, transparentes, gratuitos y veraces a la hora de informar.

¿Conseguirá el Gobierno de coalición desafiar al oligopolio energético? ¿Volverá la gente a quedarse sin luz en plena ola de frío? ¿Se garantizará este derecho? El tiempo lo dirá.

1 comentario

  1. Muy bien por el gobierno de coalición. Ahora a esperar que se consiga que los abusos desaparezcan de verdad…

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