La Seguridad Social ha emprendido una batalla para regularizar la situación de las empleadas del hogar. Desde que en 2012 se creó un régimen especial propio para este colectivo algo se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. El segundo caballo de batalla es el salario que cobran.
A finales de 2020, la Encuesta de Población Activa (EPA) confirmaba que en España existen 563.100 empleados domésticos (el 88% son mujeres), pero en la Seguridad Social solo hay dados de alta en el Régimen Especial de Empleadas del Hogar 381.896. Por tanto, más de 181.000 están en situación irregular. Y de ellas, la inmensa mayoría son trabajadores migrantes, sin permiso de trabajo o de residencia.
Ni que decir tiene que se trata de un derecho del trabajador que no se cumple, y por otro, que el sistema no percibe ningún tipo de cotización por ellos. En el caso de las trabajadoras esta situación tiene repercusión en su protección tanto presente como futura. Un ejemplo reciente es la desprotección en que quedaron un tercio de estas trabajadoras, ya que no tuvieron derecho a percibir el subsidio extraordinario de desempleo aprobado por el Gobierno en plena pandemia, una muestra más de la precariedad y vulnerabilidad en la que viven.
Los datos no dejan lugar a engaños. Su tasa de pobreza supone más del doble de la media de los trabajadores y los que están con contrato a tiempo parcial cuadruplican a las del resto de los trabajadores con este tipo de contrato, según el último estudio de Oxfam Intermón.
Para acabar con este problema, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social han comenzado una campaña de regularización. Aunque no es tan sencillo como parece ya que el lugar de trabajo son hogares y no empresas, y la Constitución reconoce la inviolabilidad de los domicilios. Por este motivo, han comenzado enviando 45.000 cartas en que se solicita a los investigados que regularicen la situación de sueldo y cotizaciones de sus empleadas del hogar. El ministerio dirigido por Yolanda Díaz asegura que se trata de la primera remesa. Luego se enviarán más cartas. El objetivo es que el 31 de marzo todas estén regularizadas.
En la misiva enviada emplazan al empleador a cumplir con la legislación laboral, y se le requiere a que “proceda a la regularización” de los salarios que se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el consiguiente pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Incluso, la Inspección ofrece su asistencia técnica e información para que se pongan al día. Los afectados podrán arreglar la situación en la Sede Electrónica de la Seguridad Socia o enviando un formulario disponible en la web.
En concreto, para 2021 el SMI está fijado en 950 euros mensuales en 14 pagas (o 1.108,33 euros al mes con prorrateo de las pagas extras). Y en el caso de una jornada de trabajo por horas, es de 7,43 euros la hora.
Para normalizar la situación de todos estos trabajadores, Trabajo admitirá cualquier denuncia o información que reciba en el buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El 31 de marzo todas las situaciones irregulares deben estar normalizadas.
A partir del 1 de abril, los empleadores que no hayan arreglado la situación de sus empleadas del hogar se enfrentarán a una multa de entre 6.250 y 25.000 euros en grado mínimo; los 25.001 y 100.005 en grado medio, y de entre 100.006 los 187.515 euros en grado máximo.
Pero, además, deberán pagar con carácter retroactivo el salario que debían haber percibido sus empleadas, así como las cuotas de la Seguridad Social pendientes, sin descartarse que también por la vía del sistema público de pensiones también haya algún tipo de sanción.