Si la riqueza de España en 2020, el PIB, era de poco más de 1,1 billones de euros, los resultados del Banco de España sobre la deuda pública de 1,31 billones de euros muestran claramente que las Administraciones Públicas españolas han gastado más de lo que teníamos y nos han vuelto a endeudar.
España no había contraído una deuda tan elevada desde 1902 (en aquel entonces superó el 123% del PIB, era el final de la Guerra de Cuba y la crisis de los productos agrícolas), y eso que han pasado muchas crisis económicas y hasta una Guerra Civil. Lo peor de todo es que hasta la propia Comisión Europea vaticina que la deuda seguirá aumentando, por lo menos, hasta 2031 en que incluso alcanzará un escandaloso 141% del PIB. Diez años más.
La pandemia y la crisis económica de 2020 ha provocado un aumento del endeudamiento de 122.439 millones de euros más que en 2019. La consecuencia es un déficit público histórico próximo al 12% y una deuda pública que supone el 117,1% del PIB.
Los más optimistas consideran que en diciembre se produjo una inflexión y se puso freno al aumento del déficit, ya que se consiguió incluso reducir en 1.311 millones de euros. Mientras desde el Gobierno se explica que fue necesario gastar tanto ante las “mayores necesidades de financiación para la puesta en marcha de ayudas directas a trabajadores, familias y empresas afectadas por el Covid-19”, además de permitir financiar medidas como los ERTE, la prestación especial a autónomos o las incapacidades laborales por la pandemia. Solo el coste de los ERTE y las prestaciones de autónomos ascendió el año pasado a casi 40.000 millones de euros.
Algunos expertos, como el economista Javier García Arenas, de Caixabank Research, destaca que el principal incremento de la deuda partió del gasto del Estado (cerca del 20%) para contrarrestar la pandemia y en segundo lugar por las Administraciones Públicas (cerca del 11%). Además, alrededor del 17% del gasto se destinó a medidas sociales, además del aumento del 5,1% del sueldo de los empleados públicos.
En el lado de los ingresos, también se constata una caída de los mismos: hasta noviembre los ingresos públicos cayeron un 5,4% en tasa anual, destacando la caída del 9% interanual de los ingresos tributarios.
Frente a la crisis de 2008, en la actual crisis los países cuentan a su favor con unos tipos de interés mucho más bajos, lo que reduce considerablemente la deuda contraída, ya que los gastos por intereses derivada de la misma se han reducido casi un 12%. En la actualidad los intereses de la deuda pública española alcanzan los 26.000 millones de euros, la tercera partida más cuantiosa de los Presupuestos Generales del Estado, después del gasto en pensiones y los sueldos de los funcionarios. En 2013 este capítulo superaba los 35.000 millones.
También es inestimable la ayuda del Banco Central Europeo (BCE) con su apoyo a la deuda soberana y los programas de compras de bonos. Estas actuaciones han provocado que haya cobrado por colocar deuda entre los inversores. El BCE compró en 2020 cerca de 125.000 millones de euros en el mercado secundario.
Así las cosas, la mayoría de los economistas coinciden en la vulnerabilidad en que queda expuesta la economía española a cualquier turbulencia o crack que se produzca en los mercados. Simplemente con que el BCE abandone su programa de compras supondría una puñalada para los países europeos más endeudados, como es el caso de España.
En 2021, que algunas élites económicas, como el Foro de Davos, han bautizado como el año del “Gran Reinicio” o ‘reseteo’, la llegada de los fondos de recuperación europeos serán los salvadores de la situación, ya que, entre otras cosas, España podrá aumentar la inversión y hacer subir el crecimiento económico. En cuanto la economía se recupere se podrá empezar a devolver parte de la deuda. Habrá que mirar con lupa dónde se invierte para no tirar el dinero que nos envíen desde Bruselas.