¿Alguien sabe cuántos trabajadores tiene el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo INEM? Según los datos oficiales hay 7.979 empleados públicos repartidos por toda España, de los que 5.678 son funcionarios y 926 empleados públicos. Con esta plantilla han tenido, y siguen tramitando 3,3 millones de prestaciones por ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal), según las cifras del propio Gobierno. Es fácil la división, a cada empleado público de este servicio le corresponde solucionar 499,92 expedientes. El problema es que todos son al mismo tiempo, y que no son las únicas tramitaciones que tienen que realizar.
En enero de 2021 todavía quedan 700.000 trabajadores afectados por un ERTE, la figura laboral estrella de la pandemia que ha evitado que las cifras del paro se disparen y se cuenten por millones los desempleados. En el sector público dos servicios han visto desbordados hasta el colapso: el SEPE y la Seguridad Social, este último por la solicitud del Ingreso Mínimo Vital y las peticiones de jubilación, incluidas las de viudedad. Otros servicios, como el judicial, acumulan un retraso que tardarán años en recuperar.
Jornadas de seis de la mañana a nueve de la noche, de lunes a sábado, y también festivos. Esta pandemia nos ha hecho más humanos, pese a que la mayoría de los trabajadores que han precisado del SEPE solo hayan podido tener contacto por Internet o teléfono. Pero muchos profesionales públicos han optado por sacrificar tiempo libre para atender situaciones familiares calamitosas. Y aún así nadie está contento. Sobre todo, quienes aseguran que aún no han recibido ni un solo euro que les corresponde, mientras se pierden en un mar de papeleo, porque la burocracia exige y exige y desde casa poco se puede hacer. Pero también el 12,5% de la plantilla de los trabajadores del SEPE, más de 1.000, denunciaron su situación en junio de 2020, pidiendo más efectivos. La plantilla es insuficiente para una situación como la actual. Y la pandemia hasta ha paralizado todas las oposiciones, que podrían traer más empleados públicos en su auxilio.
Porque además no solo son los ERTE, también tramitar el paro de los 750.000 trabajadores del sector público que la EPA acaba de certificar que se sumaron al desempleo en 2020. La Encuesta de Población Activa ha sido concluyente: en 2020 un total de 527.900 personas se fueron al paro y se destruyeron 622.600 empleos. Más de 100.000 autónomos echaron el cierre en su actividad.
Esas son las cifras, pero de uno en uno en el SEPE deben realizar todos los trámites. Analizar con nombre y apellidos cada situación y comprobar que se cumplen los requisitos para poder acceder a la prestación que corresponda.
En el caso de los ERTE la responsabilidad de los empleados públicos del SEPE es repartir entre 3.500 y 4.000 millones de euros mensuales. El Banco de España ha echado sus cuentas y eleva el coste total de los ERTE que se concederán en 134.700 millones y eso fue en mayo de 2020. La última prórroga que se acaba de aprobar hasta el 31 de mayo tendrá un coste de 7.000 millones. Y la concesión de todo ese dinero es responsabilidad suya. Por eso, deben revisar con lupa hasta el último de los requisitos exigidos. Y son muchos.
Seguridad Social, más de lo mismo
Por su parte, la Seguridad Social cuenta con 10.376 empleados públicos ubicados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y 9.911 en la Tesorería de la Seguridad Social. Su tarea no solo es la concesión de las múltiples modalidades de pensión existentes en nuestro país, con cerca de 9 millones de beneficiarios en la actualidad y una nómina mensual que en enero de 2021 superó los 10.000 millones de euros.
Aunque el número de pensionistas se ha estancado, la nómina de enero confirmó 9.811.124 pensiones contributivas, de las que 6.130.604 son de jubilación, 2.349.865 de viudedad, 949.193 de incapacidad permanente, 338.414 de orfandad y 43.048 en favor de familiares.
Estas pensiones sólo crecieron un 0,1%, porque las bajas en el sistema (personas fallecidas) crecieron un 14,3% en 2020, tres veces más que las incorporaciones. Los funcionarios del sistema público deben revisar todas las bajas y altas que se producen mensualmente. Y en 2020, el año de la pandemia, se registraron 517.000 bajas y 530.000 altas.
Pero también son estos funcionarios los encargados de la nueva prestación: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación aprobada en plena pandemia, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Su gestión les ha desbordado totalmente. A finales de octubre de 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconocía haber recibido 975.000 solicitudes, de las que se habían validado unas 300.000. Esto es, los funcionarios han tenido que revisar una a una cada solicitud y comprobar si cumplían todos los requisitos exigidos, y son muchos. Lo peor de todo es que el Gobierno tiene previsto realizar cambios para llegar a más colectivos, y ellos tienen que trabajar sobre la marcha.
Y para complicarles aún más las cosas, hay que sumar a los autónomos. A finales de diciembre de 2020, un total de 349.342 autónomos se repartieron 248,44 millones de euros, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno para ayudar a este colectivo. Los funcionarios de la Seguridad Social han tenido que revisar previamente la situación de cada uno y confirmar que cumplen los requisitos para recibir la prestación compatible con la actividad declarada, la prestación extraordinaria por bajos ingresos o las ayudas a autónomos de temporada. Un trabajo farragoso que explica por qué en la Seguridad Social hay 1.164 empleados públicos asignados a la Gerencia Informática de la Seguridad Social.
SEPE y Seguridad Social están desbordados porque el Covid-19 no sólo ha saturado los hospitales, también los servicios públicos que atienden las necesidades de los trabajadores, autónomos, pensionistas y población más vulnerable.