El Ministerio de Seguridad Social sigue trabajando en la reforma del sistema de pensiones, un problema que afecta a toda la sociedad. En febrero, el Gobierno tiene previsto presentar en el Congreso de los Diputados el complemento de pensión para madres. El objetivo de esta medida será reducir la brecha de género también dentro del sistema de pensiones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha explicado que este complemento o pensión complementaria se asociará a los periodos posteriores de la maternidad del primer hijo. El motivo de la elección de dicho periodo se basa en las estadísticas que baraja el ministerio, cuya conclusión es que cuando las mujeres tienen su primer hijo es cuando se produce su salida del mercado laboral o el inicio de una carrera profesional discontinua, o excedencias de años. Esta opción genera un problema en las pensiones que tienen muchas mujeres en el momento de su jubilación.
Esta medida se incluirá en un paquete de propuestas en el que se incluye la fórmula para revalorizar las pensiones con el IPC, según ha explicado el ministro Escrivá, con el fin de garantizar el poder adquisitivo de las mismas “indefinidamente”. Precisamente, los actuales pensionistas han manifestado su preocupación y malestar por la pérdida paulatina de sus prestaciones. Un problema que antes de la pandemia les llevó a manifestarse multitudinariamente una vez al mes, como las concentraciones que se producían en Bilbao.
Escrivá pretende tranquilizarles y ha asegurado que van a ganar poder adquisitivo (es decir, sus pensiones subirán más que la inflación de cada año) con la nueva fórmula en la que está trabajando el Gobierno para revalorizar las pensiones. En este sentido, el ministro ha insistido en que existe un consenso generalizado en el Pacto de Toledo, en el que están representados todos los partidos políticos del arco parlamentario, para “corregir esta situación y asegurar a los pensionistas, que son casi 10 millones, que van a tener su poder adquisitivo mantenido hacia adelante”.
Falta por conocer el funcionamiento del mecanismo que ligará las pensiones al IPC de forma automática, que en estos momentos se negocia con los empresarios y sindicatos.
Otra de las medidas que se dará a conocer el próximo mes afectará al retraso voluntario de la jubilación, así como a la jubilación obligatoria.
También se prevén cambios en el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, ya que el Gobierno apuesta porque este colectivo abone sus cuotas en función de sus ingresos, tal y como recoge una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Escrivá, de momento, deja pendiente algunas de las reformas que más polémica ha suscitado, como el periodo cotizado sobre el que calculará la pensión. En la actualidad está fijado en los 25 años, pero hay quienes dentro del Gobierno hablan de tomar todo el periodo de cotizaciones como referencia, lo que reduciría en cerca de un 15%, según han denunciado los sindicatos UGT y CCOO, además de algunas formaciones políticas.
Lo único que para Escrivá parece claro es que para que el sistema de pensiones públicas sea justo debería tenerse en cuesta la multitud de perfiles laborales que existen y analizar periodos “relativamente largos”. La discusión dentro del Gobierno de coalición es si se mantienen los 25 años actuales o se amplía hasta las 35, periodo este último que desde Unidas Podemos rechazan con rotundidad, como las organizaciones sindicales.