Ante los recientes incendios en Castellón y Alicante, la pregunta es, ¿se están tomando las medidas correctas para evitar futuros incendios?
En lo que va del 2022, se han registrado 49 grandes incendios forestales en España. Recibe esta nomenclatura el incendio que llega a las 500 hectáreas de superficie forestal quemada. Teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas incineradas, en lo que va del año, casi se duplican las cifras de 2021 (ver Tabla 1).
Tabla 1
Fuente: https://almazcara.forestry.es/
(Adjuntar imagen Grandes incendios forestales España 1968-2022 de https://almazcara.forestry.es/p/gif2022.html)
Los dos últimos registrados, en Vall de Ebo (Alicante) y Bejís (Castellón) suman 13.100 y 9.900 ha, respectivamente. La intensidad de los incendios en esta temporada ha provocado gran cantidad de evacuados al aproximarse a municipios y zonas pobladas. Los fuegos de Zaragoza y Castellón del último puente de agosto obligaron a desalojar a más de 2.500 personas. En la zamorana sierra de la Culebra, el fuego hizo que se evacuaran 34 poblaciones y se cortara la línea de AVE Madrid-Galicia. Ante estos asuntos, y viendo que hay una tendencia de ascenso desde 2020, la pregunta es, ¿cuáles son las medidas preventivas del gobierno? Y, ¿cuáles son las posiciones y alternativas?
Los incendios forestales son una manifestación concreta de las consecuencias del calentamiento global. Este genera la costra de gases de efecto invernadero que favorece las condiciones para que, una vez causado el incendio, las llamas se propaguen de manera más devastadora. La destrucción de la vegetación engorda esta capa de gases, lo que empeora el recalentamiento del planeta y, por lo tanto, la alteración del clima.
Ante las mencionadas contingencias, el gobierno, a través del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (MITECO), lanzó este 1 de agosto una nueva normativa para la mejora de la prevención, extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados mediante el Real Decreto-ley 15/2022. En el mismo se determina un plazo de cinco meses para que cada comunidad autónoma adapte sus servicios de lucha contra el fuego. Estos planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas -administraciones competentes en política forestal y en gestión antiincendios- antes del 31 de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce meses en todos los territorios. Del mismo modo, el MITECO elaborará una herramienta de zonificación de incendios forestales que consolide la información existente y facilite la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra los incendios.
En la actualidad, el nuevo Real decreto-ley modifica el marco legal que rige estos asuntos, la Ley de Montes 43/2003 del 2003. En materia de incendios, la misma reza:
“En materia de incendios forestales, la ley se hace eco de la importancia del papel de la sociedad civil en su prevención. De acuerdo con ello, establece la obligación de toda persona de avisar de la existencia de un incendio, y, en su caso, de colaborar en su combate. Asimismo, promueve campañas de concienciación y sensibilización ciudadana. Se pone también especial énfasis en la necesidad de coordinación de las diferentes Administraciones en la prevención y combate de los incendios. La ley propone la designación de las llamadas zonas de alto riesgo de incendio, que deberán estar provistas de su correspondiente plan de defensa. Asimismo, establece la obligación de restauración de los terrenos incendiados, quedando prohibido el cambio de uso forestal por razón del incendio.
Otro aspecto relevante de esta ley es la previsión de medidas de fomento de la gestión sostenible de los montes, mediante subvenciones y otros incentivos por las externalidades ambientales, además de considerar incluidos entre los fines de interés general los orientados a la gestión forestal sostenible, a efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.”
Dentro de las medidas preventivas del gobierno español existen tres líneas principales: Brigadas de labores preventivas (BLP), Equipos de prevención integral de incendios forestales (EPRIF) y la prevención de incendios derivada del reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Las BLP actúan ante la prevención de incendios forestales relacionados con la gestión de los combustibles y realizan labores de prevención de incendios forestales en el entorno de la base donde se ubica cada brigada fuera de los periodos de extinción, normalmente en 2 periodos a lo largo del año, entre enero y junio (1º período) y entre octubre y diciembre (2º período). Desde su fecha de creación, en 1998, los EPRIF concilian intereses de los distintos colectivos presentes en el territorio, proponiendo y aplicando medidas específicas y equilibradas que sirvan de control y mejora de la vegetación y contribuyan a mantener los usos tradicionales de la población rural. Por último, el FEADER aporta el capital para la ejecución de las propuestas de cada comunidad autónoma. Pero, por otro lado, dentro de las subvenciones para la prevención, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, el plazo de solicitud está abierto solamente durante un mes, entre enero y febrero.
Las asociaciones ecologistas, de forma general, reclaman el “malgasto de fondos públicos” para la prevención de incendios en cortafuegos lineales. Dentro de los argumentos que presentan ante este asunto, por un lado niegan la utilidad de cuadricular el monte, fragmentar y deteriorar el paisaje y eliminar miles de hectáreas de masa vegetal mediante miles de kilómetros de líneas cortafuegos que cuando llega el momento no paran el avance del fuego. Asimismo, justifican que en cada fuego se generan partículas que arden en suspensión que saltan estas infraestructuras haciéndolas inútiles para la detención del fuego. Ante los últimos sucesos, dichas organizaciones denuncian la “nefasta situación del operativo de extinción de incendios”, así como la suspensión en la actividad de caza en Extremadura, actividad que prolifera ante estos sucesos ambientales y que, a su vez, reaviva focos extintos.
En los próximos meses se tendrán novedades de cada Comunidad Autónoma para revertir esta tendencia ambiental que se retroalimenta en un contexto de calentamiento global que, a las largas muestra que va avanzando a pasos agigantados a lo largo y ancho del planeta.