Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha elevado un escrito al Tribunal Supremo con el fin de investigar a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa y/o simulación de delito en relación al robo del móvil de Dina.
El juez considera que Iglesias usó este proceso de forma fraudulenta con el fin de lograr algún tipo de ventaja electoral.
En otro auto, el juez considera continuar el procedimiento contra el excomisario José Manuel V., el exdirector de Interviú, Alberto P. y el periodista Luis R. por delito de descubrimiento y revelación de secretos. Asimismo, rechaza las diligencias que había solicitado la Fiscalía y la defensa de Dina, teniendo a partir de ahora 10 días para solicitar la apertura del juicio oral o el desestimiento de la causa.
El origen de este caso es el robo del teléfono móvil de Dina el 1 de noviembre de 2015, con una tarjeta mini SD. Según el auto, dos años después, el 3 de noviembre de 2017, en el registro de la vivienda del excomisario aparecen las carpetas DINA 2 Y DINA 3 en un discoduro, así como DINA 2 y DINA 3 en un pendrive. En cuanto a la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del exdirector de Interviú, y el periodista Luis R., quienes a su vez entregaron una copia al Grupo Zeta.
Pablo Iglesias se guardó la tarjeta
Según el titular del Juzgado central de Instrucción número 6, Pablo Iglesias recibió la tarjeta original del director del Grupo Zeta el 20 de enero de 2016, donde comprobó los archivos personales e íntimos que almacenaba. “Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015”, relata el auto. En otro punto del mismo auto, el juez señala que aunque no se puede determinar la fecha de la devolución de la tarjeta, ya inoperativa, Iglesias debió de entregársela a Dina antes del 23 de agosto de 2017.
En ese momento éste sabe que se están publicando imágenes de la tarjeta, por lo que insta a los servicios jurídicos de Podemos a ampliar la denuncia original de Dina, con el fin de establecer una conexión entre las imágenes publicadas por OKDiario y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015.
Además, en el auto refleja que Dina faltó a la verdad cuando compareció como testigo-perjudicada, ante el juez el 26 de marzo de 2019, con conocimiento de su falsedad.
Descubrimiento y revelación de secretos
Según el juez, los hechos de la tarjeta tienen relación con un delito de descubrimiento y revelación de secretos que sancionan a quien se apodera, utiliza o modifica los datos de carácter personal, en perjuicio de un tercero. Además, en este caso, concurre el agravante de “razones de género”.
Este delito de descubrimiento y revelación de secretos necesita la denuncia de Dina, por lo que el juez insta al Tribunal Supremo a citar o no (según su criterio) a Dina para manifestar si exculpa a Iglesias por estos hechos.
Delito de daños informáticos
El juez indica que debido a la interrupción de la investigación no puede concluir que Iglesias hubiera tenido relación con la destrucción del material, sin embargo, “esto no impide que se pueda sostener en esta fase, y desde la provisionalidad del momento procesal inicial en el que nos encontramos, que existen elementos de cargo suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias por los daños sufridos en la micro SD”.
De ello se desprende, según el juez, que Iglesias recibió la tarjeta por parte del director del Grupo Zeta en buen estado, la mantuvo en su posesión durante un tiempo hasta que se la entregó a Dina, quien la recibió inoperativa. “La única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el Sr. A se la entrega, y ya no lo hace cuando el Sr. Iglesias se la devuelve”, se lee en el auto.
Acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio
El juez considera consciente y planificada la falsificación de Iglesias, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho inexistente, pocas semanas antes de las elecciones.
Asimismo, bajo las órdenes de Iglesias y con el beneplácito de la dirección jurídica de Podemos, se presentó la desaparición del teléfono “como un encargo realizado por el PP al excomisario, para publicar en OK Diario, para perjudicar a Iglesias, y por ende, a Podemos”.