El 4 de febrero de 1981 tres mujeres conformaron la asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para darle voz a aquellos que han sufrido las amenazas y los ataques de ETA.
La organización criminal ETA se conformó sobre la década del 50 por un grupo de extremistas radicales del País Vasco, los «Etarras», quienes con excusas «independentistas y separatistas», atacaron al pueblo durante años mediante secuestros, atentados, extorsión y asesinatos.
Sus víctimas, en mayor parte, eran personas pertenecientes a la milicia o al cuerpo policial, pero al menos un 41% eran civiles como políticos, periodistas, jueces.
Fue entonces en 1981 cuando un grupo de mujeres envalentonadas se unieron para dar voz a aquellos que habían sido víctimas de los ataques terroristas, para visibilizar a estas personas y darles el acompañamiento que no existía para aquel entonces.
Sus primeras integrantes
Ana María Vidal-Abarca, Sonsoles Álvarez Toledo e Isabel O’shea, fueron las precursoras de esta asociación presentada y legalizada en Madrid como la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo.
«Queremos unirnos conocernos, ayudar a compartir nuestros problemas y llevar a la conciencia de la sociedad española el testimonio de nuestro sacrificio» expresaban las promotoras según registros del diario ABC.
Ana María Vidal-Abarca fue cofundadora y la primera en presidir esta organización. Ella, que hizo vida política en el País Vasco en la década de los 70, sufrió los ataques de ETA de primera mano. Había perdido a su marido, Jesús Velasco Zuazola, comandante de Caballería y jefe del cuerpo de Miñones de Álava, cuando en 1980 unos sujetos se bajaron de un taxi y le ametrallaron, en Vitoria.
Este hecho hizo que Ana María junto con sus hijos dejaran el País Vasco y se residenciaran en Madrid, desde donde cofundó la Hermandad, que con los años pasó a llamarse Asociación de Víctimas del Terrorismo.
«Pensaban que éramos unas extremistas furiosas, y tuvimos que demostrar que éramos unas personas llenas de sentido común que lo único que queríamos era ayudar. Pretendíamos que todas esas viudas que dejaba ETA en aquella época se sintieran acogidas, se conocieran entre ellas, se apoyaran», expresaba Vidal-Abarca en aquel entonces.
Sus otras fundadoras, Sonsoles Álvarez Toledo e Isabel O’shea, también llegaron a Madrid huyendo de aquel panorama bélico que imperaba en el País Vasco. Sus familias también estaban en peligro, entonces decidieron conformar esta alianza que al día de hoy sigue de pie en la defensa y visibilidad.
Muchos eran los que no tenían posibilidad de huir en una época donde el riesgo y las calamidades reinaban, y tenían que quedarse en sus pueblos, escondidos, con miedo de los terroristas.
Desde entonces su lucha ha permitido muchos avances.
Por ejemplo, en 1999 se decretó la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, medida con la que el Gobierno buscaba mediar «mediar entre los grupos terroristas y sus víctimas, pretendiendo con ello facilitar la conciliación, la cicatrización de heridas abiertas y el advenimiento de la paz».
Aunque esta medida no era la primera que nacía para atender a los afectados, sí era la primera abocada de manera «exclusiva» a las víctimas del terrorismo. Con esta ley, el Estado le rendía directamente honor y reconocimiento.
AVT en la actualidad
Sus objetivos siguen siendo claros: Dar visibilidad al colectivo víctimas del terrorismo, ofrecerles una asistencia especial y específica, concientizar a la sociedad sobre la problemática que representa el terrorismo, llevar la voz de «las víctimas en defensa de la verdad de la memoria, la dignidad y la justicia y ser un dique de contención frente a las decisiones lesivas para las victimas del terrorismo», reseñado en su web https://avt.org/ .
Actualmente lo preside Maite Araluce, cuya familia también se vio afectada por el terrorismo de ETA.
Muchos son los que apoyan a esta Asociación para que siga en pie de lucha de manera organizada, trabajando en la concienciación y sensibilización de la sociedad.
«La asociación ha jugado un papel imprescindible consecución de importantes medidas políticas, sociales, y judiciales que han permitido mejorar, sustancialmente, la situación de las víctimas».